El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela admite la arbitrabilidad de los contratos

Ramón Escovar Alvarado

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (la “SPA”), a través de su decisión del 02 de octubre de 2008 (caso: Hotel Waldorf), declaró la validez de un acuerdo de arbitraje en materia de contratos de arrendamiento.

La sentencia llegó a su conclusión aplicando el test de validez y eficacia de acuerdos arbitrales, pacíficamente reiterado por el precedente de la SPA. Al referirse al requisito de la arbitrabilidad objetiva, la decisión obvió pronunciarse en relación con el arrendamiento objeto del contrato. Por tanto, validó implícitamente los argumentos del tribunal que conoció la causa en primera instancia, el cual había establecido que los arrendamientos de hoteles y fondos de comercio eran arbitrables, debido a que no detentaban carácter de orden público al no estar comprendidos dentro del ámbito de aplicación del Decreto-Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Así pues, la doctrina jurisprudencial de la decisión Hotel Waldorf se aparta del precedente de la SPA sobre arbitraje en contratos de arrendamiento (véase sentencia del 04 de febrero de 2003, caso: Inversiones Tata 88 C.A. c. Inversiones Farma Shop 2000 C.A.).

Adicionalmente, la sentencia comentada delimitó la tesis jurisprudencial sobre “renuncia tácita al arbitraje”. En efecto, la sala dispuso expresamente que las únicas actuaciones que pueden producir una “renuncia tácita al arbitraje” son aquellas que versen sobre el fondo de la controversia. No están incluidas aquellas relacionadas con medidas cautelares.

No obstante, la decisión Hotel Waldorf confirmó el precedente establecido por la SPA, a través del fallo del 11 de diciembre de 2003 (caso: Tim International), mediante el cual se determinó que la falta de jurisdicción de los tribunales judiciales en razón de la validez del acuerdo arbitral, conlleva a que las medidas cautelares decretadas por los tribunales judiciales queden sin efecto. Dicha tesis es contraria a la figura de las medidas cautelares anticipadas, previstas en reglamentos de Centros de Arbitraje (por ejemplo: artículo 23.2 del Reglamento de Arbitraje de la ICC).

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